Un total de 28 ayuntamientos malagueños pueden comenzar ya a medir su demanda exacta de Viviendas de Protección Oficial (VPO) al haber aprobado en pleno las bases de sus registros municipales de demandantes de vivienda protegida.
Las bases de datos, recogidas en la Ley de Derecho a la Vivienda, permiten conocer las necesidades de VPO en cada municipio y ajustar consecuentemente la oferta. Asimismo, en estos momentos otros 28 municipios ya han manifestado su voluntad de dar luz verde a sus bases a lo largo de este mes, con lo que a final de año serán 56 los que tendrán registros.
Estas localidades concentran al 85 por ciento de la población malagueña y entre ellas se encuentra la mayoría de las ciudades grandes y medianas de la provincia.
La delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Josefa López, destacó en un comunicado que, hasta la entrada en vigor de la orden que regula los registros el pasado mes de julio, “Andalucía no había dispuesto de ningún método para cuantificar su demanda de VPO”.
Sin embargo, los registros “vienen a superar este déficit”, de forma no sólo numérica, sino también cualitativa porque permitirá conocer de manera exacta cuántas viviendas y qué tipología de las mismas se necesitan o quieren en cada municipio –en régimen de venta o alquiler, con unas determinadas dimensiones de acuerdo con su situación familiar, etcétera–, y a partir de los cuales se elaborarán los planes municipales de vivienda de una forma “mucho más ajustada” a las necesidades.
En estas bases de datos, podrán inscribirse todos los ciudadanos que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a uno.
La delegada provincial hizo un llamamiento a los municipios restantes para que pongan en funcionamiento sus registros de demandantes y recordó, en este sentido, que en breve entrará en vigor la orden de incentivos económicos de la Junta para que los ayuntamientos elaboren sus registros, dotada con tres millones de euros.
Estas ayudas se van a sumar a las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para impulsar la creación de los registros, desde que el pasado mes de julio entrara en vigor la orden que regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de estos registros.
En este sentido, la Junta puso a disposición de los municipios un programa informático que permite cruzar datos de distintas administraciones –el Ministerio del Interior, Hacienda, el Catastro, etcétera– para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos.
El programa posibilita, además, la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción, que tiene una validez de tres años prorrogables, o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.
López apuntó que los ciudadanos podrán optar a una vivienda protegida hasta en tres municipios distintos, consignando si lo desean cuál es la localidad en la que preferirían vivir. Serán los propios ayuntamientos los que podrán determinar, previa autorización de la Junta, la forma de adjudicación de las VPO entre los inscritos en el registro –por sorteo, baremos, por antigüedad, etcétera–.
Por último, resaltó que estas bases de datos constituyen “una herramienta imprescindible” para hacer cumplir el objetivo de la Ley de Derecho a la Vivienda: “dotar a la ciudadanía andaluza de una oferta de vivienda a precio asequible suficiente que responda fielmente en niveles de renta, ubicación, características o tipología a la demanda”.
Los municipios con las bases aprobadas por pleno son Almáchar, Almogía, Alozaina, Archidona, Arriate, Benamargosa, Benaoján, El Borge, El Burgo, Campillos, Cártama, Casabermeja, Coín, Cuevas Bajas, Estepona, Frigiliana, Humilladero, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Ojén, Rincón de la Victoria, Ronda, Totalán, Vélez-Málaga y Villanueva de Algaidas.
fuente/.europapress.es/